Prisión preventiva para fiscal imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigació
El
fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por el Ministerio Público de violar
varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, deberá cumplir la medida en el Centro
de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San
Cristóbal.
La
decisión acoge como regular y válida la solicitud de medida de coerción
depositada el pasado 29 de marzo por el Ministerio Público en la persona de la
procuradora general Yeni Berenice Reynoso, el procurador adjunto Wilson
Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal
Andrés Mena en contra de Valdez Alcántara.
La
jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, dictó la medida de coerción luego
de rechazar varios incidentes presentados por la defensa técnica del imputado,
la cual llegó a pedir la nulidad del proceso.
La
jueza Muñiz estableció que, a partir de que se concretiza la entrega, se pasa a
la fase de la tentativa y, por tanto, se entra en la flagrancia que obliga a
las autoridades a intervenir para asegurar las pruebas e impedir que el
sospechoso salga de la vigilancia controlada autorizada por la autoridad
competente.
“Contrario
a lo que ha alegado la defensa (del imputado), el Ministerio Público no
necesitaba orden para realizar el arresto”, sostuvo.
Recordó
que la entrega vigilada es una técnica especial de investigación en materia de
lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
“La
propia Ley 155-17, en su artículo 2, numeral 11, establece como delito
precedente el soborno, el cual figura dentro de la calificación provisional
dada a los hechos por el Ministerio Público a partir de la conducta atribuida
al investigado”, indicó la magistrada Muñiz.
“La
entrega vigilada, para su validez debe contar con una autorización judicial
previa y tiene que estar controlada por la autoridad competente en el marco de
la investigación que es el Ministerio Público. Y es necesario, porque lo dice
así la propia ley, que no se incite de alguna forma a la provocación para la
consumación del delito”.
En
ese contexto, destacó “que en el presente caso reposa la autorización judicial
al Ministerio Público para hacer la entrega vigilada del dinero”.
En
cuanto al allanamiento, la jueza estableció que la autorización iba dirigida a
allanar el domicilio del investigado, el señor Aurelio Valdez, y que la propia
defensa admitió que la diligencia se llevó a cabo en su domicilio.
Respecto
al peligro de fuga, Muñiz dijo que además del domicilio fijo, una
identificación, solvencia laboral, social, familiar y económica, los tribunales
deben analizar otras circunstancias que están vinculadas directamente al hecho
punible objeto de investigación.
Explicó
que esas circunstancias ligadas al hecho deben tener un peso importante a la
hora de considerar el peligro de fuga, tales como: la gravedad del hecho, el
daño producido, la importancia del daño a resarcir, la pena imponible y la
conducta del imputado frente al proceso.
Durante
el proceso el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra
Valdez Alcántara.
En
la audiencia el procurador adjunto Wilson Camacho encabezó el equipo litigante
que representó al Ministerio Público, junto a la procuradora general de corte
Carmen Alardo y el procurador fiscal Andrés Mena.
La
jueza Muñiz celebró la audiencia luego de que el pleno de la Cámara Penal de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional la ratificara para conocer la medida
de coerción contra el imputado tras declarar inadmisible la recusación
interpuesta por su defensa el pasado mes de abril.
La
jornada inició después de las 2:00 de la tarde del martes y concluyó alrededor
de las 2:30 de la madrugada de este miércoles.
La
revisión de la medida de coerción fue fijada para el próximo 29 de junio de
2026.
El caso
Conforme
al expediente, Valdez Alcántara exigió a la persona bajo investigación una suma
inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento
cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que
también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o
450.
La
investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la
República, quien garantizó a la población, una vez más, que jamás va a tolerar
actos de corrupción en la institución, un hecho que califica de muy grave.
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